Colegio Académico

Anexo 13

Acuerdo 48.8

1. FORMULACION DEL PROBLEMA.- En esta etapa corresponde describir la realidad problemática v las consecuencias que produce, haciendo un especial énfasis en el costo social estimado cualitativa o cuantitativamente. Generalmente el costo social es c ausado por la inexistencia de reglamentación o por la inadecuación de la reglamentación jurídica a los fenómenos sociales, sea porque tal reglamentación es ineficaz o, porque aún siendo eficaz, produce consecuencias negativas.
    

2. DETERMINACION DE OBJETIVOS.- Se debe determinar ahora el conjunto de objetivos cuyo logro implique la eliminación o la reducción satisfactoria del costo social generado por la situación problemática.
    

   Los objetivos pueden ser de varias clases y se recomienda que se integren en un sistema completo, consistente e independiente. Es completo cuando incluye todos los objetivos que son razonables respecto de la situación problemática; es consistente si los objetivos son compatibles entre sí, lo cual implica que se pueden cumplir conjuntamente, serán incompatibles si para el cumplimiento de uno de ellos necesariamente se deja de cumplir alguno o algunos de los demás; es independiente si la realización de cada uno de los objetivos no deriva del cumplimiento de otro u otros, es decir, cuando cada uno de ellos se puede cumplir aisladamente.
    

3. DEFINICION DE ALTERNATIVAS.- En este momento procede hacer una relación tan completa como sea posible de los diferentes medios para lograr los objetivos señalados sin importar que dichos medios se complementen o se excluyan. Las alternativas que se señalen deben pretender solucionar la situación problemática por sí mismas, aunque después la solución se logre por la combinación de dos o más de ellas.
    

4. ESTABLECIMIENTO DE CRITERIOS PARA JERARQUIZAR LAS ALTERNATIVAS.- Se tratade indicar las pautas o los valores que servirán para seleccionar las alternativas en relación a los objetivos e impactos de cada una de ellas El contenido de estos criterios puede ser de naturaleza instrumental, como la menor inversión de tiempo, la menor inversión de recursos económicos, la certeza en el logro de los objetivos, etc., o de naturaleza valorativa, como la seguridad, el bienestar social, la libertad, etc... Es fundamental establecimiento de los criterios, pues el contenido de las ulteriores disposiciones dependerá de la elección de alguno o de algunos de ellos en la jerarquización de las alternativas.
    

5. CONSIDERACION DE LOS IMPACTOS.- En esta etapa se deben describir las posibles consecuencias de cada una de las alternativas; impactos que pueden ser beneficios cuando las consecuencias contribuyen positivamente a la realización de los objetivos y costos cuando son consecuencias que se desean evitar o reducir y que pueden referirse a recursos para implementar una alternativa o a renuncias de otras posibilidades en virtud de una elección. La consideración de los impactos de las alternativas en esta etapa se hace a un nivel tentativo, pero dichos impactos deben quedar precisados en el contradominio del o de los modelos que se construyan conforme al siguiente punto.
    

6. CREACION DE UNO O VARIOS MODELOS.- Dentro de la metodología que se ha venido desarrollando, otra etapa se refiere a la construcción de uno o varios modelos teórico científicos constituidos por enunciados acerca de la realidad. Un modelo de este tipo es un esquema diseñado para relacionar un dominio integrado por la descripción de la situación problemática, y un contradominio integrado por un conjunto de enunciados que predicen los impactos en la realidad social de acuerdo con cada una de las alternativas señaladas. Según el interés que se tenga en la situación problemática se podrán construir uno o varios modelos en los que se consideren una o varias alternativas.
    

   Mediante estos modelos se plantea en forma ideal el problema a partir de una simplificación de la realidad; simplificación que se logra por la abstracción de algunos elementos que se consideran irrelevantes. La pretensión científica y por lo tanto, dichas predicciones, en principio, tienen que ser testables.
    

   Los aspectos del dominio en esta clase de modelos son:
    

   6.1 Especificación de los elementos relevantes del problema que en una primera instancia ya ha quedado señalado y que posteriormente los especialistas ofrecen mayor información.
    

   6.2 Definición de las relaciones significativas entre los elementos relevantes, a partir de la información obtenida. En algunas ocasiones dicha definición se encuentra en los informes de los expertos y en otras tendrá que ser establecida por la Comisión o sus asesores. Las relaciones entre los diversos elementos relevantes no son causales sino significativas en el sentido de que en las situaciones sociales siempre está presente la conducta humana, en la cual subyacen las funciones del conocimiento y de la voluntad. Los elementos no deben ser considerados en forma aislada; no se admite, por otra parte, que alguno de ellos influya o determine algún aspecto de lo social en forma necesaria.
    

   6.3 Formulación de hipótesis que consideren las relaciones entre los elementos relevantes, dado que no es posible determinar, sin lugar a dudas, cómo es el mundo, ni las relaciones entre los elementos relevantes.
    

   6.4 La formulación del contradominio se logra al enunciar las predicciones acerca de los impactos de cada una de las alternativas.
    

7. TOMA DE DECISION.- En esta etapa se debe analizar la forma en que cada modelo enfrenta el problema, el cumplimiento que habría de los objetivos planteados y los costos o beneficios que produciría. Posteriormente, se deben ponderar cuidadosamente todos estos elementos a fin de tomar la mejor decisión posible.
    

8. INSTRUMENTACION.- Una vez tomada la decisión sobre el modelo más conveniente para enfrentar la situación problemática, procede hacer la determinación de los contenidos del proyecto; es decir, se pasa a la propiamente dicha elaboración del proyecto reglamentario. Para realizar esta tarea, conviene precisar los criterios conforme a los cuales se seleccionará el material normativo. Entre estos criterios podemos señalar los siguientes:
    

   8.1 Determinación de los ámbitos de validez jurídica de la reglamentación correspondiente.
    

   8.1.1 Ambito espacial: Se refiere al territorio en el cual se aplicarán las normas jurídicas. Generalmente en la reglamentación Universitaria no se presenta ninguna complicación sobre este ámbito, en virtud de que se parte del supuesto de que las normas tienen vigencia en los espacios universitarios.
    

   8.1.2 Ambito temporal: Alude al tiempo en que estará en vigor la reglamentación correspondiente. Es usual que las normas que integran un Reglamento tengan una vigencia indeterminada; es decir, validez hasta que se abroguen por otra disposición. También es usual que en los artículos transitorios se establezcan disposiciones con una vigencia temporal determinada. En estos casos, una vez que transcurre el tiempo previsto, la disposición transitoria queda automáticamente cancelada.
    

   8.1.3 Ambito material: Se refiere a la conducta que es reglamentada; es decir, se presupone un contenido específico de conducta que va a ser objeto de prohibición, obligación, permiso o autorización. Es importante la determinación de este ámbito porque implica que otros contenidos queden fuera del universo de discurso de la reglamentación de que se trate.
    

   8.1.4 Ambito personal: Alude al conjunto de sujetos de derecho cuya conducta se reglamenta; puede tratarse de personas jurídicas individuales o personas jurídicas colectivas.
    

   8.2 Jerárquico-normativo.- Conforme a este criterio debe de estimarse que la reglamentación formará parte del sistema jurídico nacional y específicamente del sistema jurídico de la propia Universidad y que, en consecuencia, debe armonizar con ellos formal y materialmente; esto significa la exigencia de no invadir competencias de otros órganos y respetar el contenido material del orden jurídico nacional en su totalidad. En algunas ocasiones será conveniente especificar como criterios independientes a algunos lineamientos contenidos en el orden jurídico; así, la desconcentración funcional y administrativa, la organización departamental y otras orientaciones básicas establecidas en la legislación.
    

   8.3 Congruencia interna.- De conformidad con este criterio, reglamentación debe integrar un sistema internamente; esto es, satisfacer los requisitos de consistencia, completitud e independencia.
    

   8.3.1 La consistencia exige que las disposiciones que integran un reglamento no entren en conflicto entre sí.
    

   8.3.2 Si se cumple la característica de la completitud, se evita la existencia de lagunas en el reglamento; es decir, casos que no tengan solución.
    

   8.3.3 Conforme al requisito de independencia, las normas no deben estar implicadas lógicamente en otras normas y no se deben de repetir disposiciones.
    

   8.4 Reconocimiento de prácticas en la Universidad.- La aplicación de este criterio permite considerar los usos existentes en la Institución, sean de los los órganos, instancias de apoyo, personal académico, personal administrativo o alumnos. Tales prácticas es conveniente que se consideren cuando se hayan generalizado y no se opongan a las normas jurídicas vigentes y eficaces.